Mensaje del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2024

TARJETA INFORMATIVA

MENSAJE DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTI MUÑOZ, SANTINI, ANTE LAS COMISIONES DE DESARROLLO, INFRESTRUCURA URBANA, VIVIENDA, PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEXTO INFORME DE GOBIERNO.

Estimadas, estimados, señoras y señores legisladores.

Es para mí un honor el poder comparecer el día de hoy en esta Casa del Pueblo, como ya se le nombró, el Congreso de la Ciudad de México.

Me da gusto la oportunidad de compartir con todas y todos ustedes; con la ciudadanía que nos está siguiendo a través de los medios de comunicación; con los equipos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que están aquí presentes; con los equipos de la Comisión para la Reconstrucción, del Instituto de Vivienda; con el equipo de transición de nuestro amigo, el licenciado Alejandro Encinas; por supuesto con mi querida familia, esta comparecencia.

Saludo de manera muy especial, además de no dejar de señalar que es importante el que nos veamos aquí compañera y compañeros; que de una u otra manera hemos confluido a lo largo de muchos años en las tareas del servicio público, lo cual implica que estaremos hablando con conocimiento de causa, con responsabilidad de los grandes temas del desarrollo urbano, no los nombro a todos, pero muchas batallas nos han hecho coincidir.

De manera especial saludo al Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, a mi amigo el diputado Israel Moreno Betanzos, como él ha dicho, hasta hace poco compartimos la tarea como subsecretarios, un servidor, subsecretario de Gobierno, Israel como subsecretario de Coordinación Metropolitana en la Secretaría de Gobierno.

Saludo al diputado, nuevo diputado, joven diputado, pero con un gran talento y una trayectoria detrás muy importante, Presidente de la Comisión de Vivienda, Emilio Guijosa.

A la diputada Olivia Garza, ya hemos tenido la oportunidad de conversar, Presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo.

Al Presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Luis Alberto Chávez.

Y a todas y todos ustedes.

Comparezco ante esta Casa del Pueblo, en el marco del Sexto Informe del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Dr. Martí Batres Guadarrama, en las materias de Planeación Urbana Sustentable; Gestión Urbana; Espacio Público; Publicidad Exterior; Reserva Territorial; construcción, mejoramiento, ampliación y reconstrucción de vivienda.

Asumí la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el pasado mes de febrero con la indicación precisa del Jefe de Gobierno Martí Batres de implementar una política que diera continuidad al esfuerzo que puso orden en el desarrollo urbano de la Ciudad de México, iniciado por la Dra. Claudia Sheinbaum.

También asumí el cargo con la instrucción de sostener un diálogo horizontal y constante con la ciudadanía para la construcción de acuerdos ahí donde la política urbanística debe contemplar la dimensión vecinal, el valor del tejido social y el equilibrio hídrico y ambiental, y otros factores que son propios de una gran ciudad compleja como esta, como condiciones imprescindibles del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, la habitabilidad y la función económica que es inherente a la tarea colectiva de hacer ciudad.

Durante todo este tiempo, que debo decir estuvo precedida por el periodo que un servidor fungió como director general del Ordenamiento Urbano en la Secretaría de Desarrollo Urbano, entre 2021 y 2023, antes de asumir la subsecretaría del Gobierno de la Ciudad.

Durante todo ese tiempo nuestra gestión ha sido una en la que escuchamos todas las voces, y a esas voces les damos valor.

Todos los días tenemos decenas de reuniones con vecinas y vecinos, con organizaciones sociales, con los actores del desarrollo inmobiliario privado, con la academia y con las representaciones de los gremios técnicos vinculados a las tareas que nos confiere la Ley.

Con todos esos actores cimentamos consensos, construimos acuerdos, bajo principios de transparencia y certeza jurídica para la correcta aplicación de los programas de desarrollo urbano y los instrumentos de gestión urbanística en función de la sostenibilidad urbano-ambiental y el cumplimiento de obligaciones compartidas en favor de la ciudadanía.

En esta gestión hemos corregido, hemos debido corregir errores graves de gobierno ocurridos entre 2012 y 2018, periodo en el que se produjo un retroceso en el ordenamiento territorial de nuestra urbe. Un lapso en el cual se tomaron decisiones equivocadas que afectaron la planeación de la metrópoli y produjeron el avance voraz de una nociva idea del desarrollo urbano: aquella que se funda en la convicción irresponsable de que sólo el mercado inmobiliario, las leyes de la oferta y la demanda, pueden resolver por sí mismos los problemas de la gente.

El resultado fue exactamente el contrario y fue un resultado desastroso, dejando un saldo que dañó a la ciudad, a su territorio, a su equilibrio barrial y ambiental, a su calidad de vida: al dejarse de invertir en vivienda social y asequible, la vivienda entendida únicamente como negocio encareció los precios: los precios del suelo, los precios de la construcción.

A su vez, la vivienda cara aumentó el valor de todo, sobre todo, insisto, el valor del precio del suelo.

La idea del suelo como mercancía produjo especulación inmobiliaria y, al final, la violación de la Ley y un fenómeno de corrupción inmobiliaria nunca antes conocido, aditivos, a fin de cuentas, de una lógica que tergiversó principios urbanísticos como los de la ciudad compacta, la densificación y la altura en función de la sostenibilidad, nociones entendidas en el urbanismo contemporáneo como buenas para la ciudad, que al final fueron tergiversados, insisto, para ser secuestrados y ponerlos al servicio de la ganancia financiera privada, como único principio del desarrollo, tema que por supuesto, idea que por supuesto solamente nos puede llevar al desequilibrio general.

Producto de ello, insisto, el encarecimiento del suelo, de las rentas, de la posibilidad de comprar una vivienda y de la construcción, así como la exclusión de decenas de miles hogares de trabajadores a la zona conurbada se convirtieron en retos grandes y complejos de la administración que concluirá en estos días.

En el periodo anterior a 2019, la Secretaría que hoy encabezo experimentó un inédito descontrol. Las decisiones administrativas se pusieron al servicio del mercado, como ya lo he dicho, por encima de los intereses de los habitantes, se permitieron abusos y violaciones a la norma y otro saldo resulta de ello: hay funcionarios acusados y sancionados penalmente por desvíos o complicidades, por uso ilegal de facultades, condiciones inaceptables en una sociedad moderna y de leyes. Me refiero a los funcionarios del gobierno central de la administración anterior.

Frente al complejo reto heredado, el proyecto de gobierno de nuestra administración se fundó en los principios definidos por la Constitución Política de la Ciudad, en las Leyes vigentes, es decir, en el derecho a la ciudad y en la tarea de garantizar que el suelo urbano -con pleno respeto a la propiedad privada, la pública y la social- cumpla siempre una función que beneficie a la vida en común y al desarrollo sostenible.

Teniendo como valor rector el que la ciudad y su territorio no son una mercancía, sino un gran lugar para vivir con dignidad, en democracia, con respeto a la Ley, con conciencia ambiental, con transporte y espacio público suficientes y de calidad, con derecho pleno a la vivienda adecuada y asequible, al empleo, a la educación, a la salud y a la cercanía entre el hogar y el lugar que se trabaja.

Transitar de un gobierno con una lógica privatizadora que traicionó el rumbo progresista que la gente ha determinado para la ciudad, a través de su voluntad democrática, a un gobierno que apuesta por el estado de bienestar ha sido una tarea que hemos asumido con ética de la responsabilidad, escuchando a los sectores público, privado y social, lo que supone aplicar la Ley con puntualidad y firmeza, y actuar administrativamente con compromiso, siempre orientar el rumbo para ponerse del lado de la gente, de quienes están en desventaja, gobernando poniéndonos en los pies de los ciudadanos.

En el periodo que se informa se establecieron directrices para perfilar una nueva forma de gobierno que garantizara la reducción progresiva de las desigualdades con criterios transversales, humanistas y con un profundo empeño en la cooperación interinstitucional, en la cooperación con la ciudadanía, en la cooperación con el sector privado, con todos los actores del desarrollo.

Un ejemplo muy sencillo es la reciente actualización después de años de que esto no ocurría, del Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad para que todo proyecto, toda construcción, toda intervención en el espacio público, en los edificios públicos, tenga accesibilidad universal para todos los usuarios, es decir, estamos ya a tiempo de transitar a una ciudad donde nadie se quede sin poder transitar: nadie que vaya en silla de ruedas, nadie que vaya cargado a un niño, ninguna persona adulta mayor, nadie con alguna discapacidad pueda dejar de tener el derecho a transitar, a acceder a cualquier espacio de la ciudad. Es un pequeño ejemplo.

En materia de asentamientos irregulares, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ha desarrollado un esfuerzo histórico cuyo resultado es que ya se encuentran inscritos en los registros del desarrollo urbano un conjunto de comunidades urbanas que datan de varias décadas y que hoy gozan de certidumbre jurídica en un marco de crecimiento cero y respeto al suelo de conservación. De estos asentamientos 21 corresponden a la alcaldía Tlalpan y 48 a la de Xochimilco, decisión que se ha tomado en estricta coordinación con el Instituto de Antropología e Historia, con la academia especializada y atendiendo recomendaciones de la UNESCO en materia de Patrimonio Urbano Histórico.

Actualmente se cuenta con 127 estudios de Afectación Urbana y Ambiental para 253 asentamientos irregulares localizados en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Tlalpan y Tláhuac.

Desde 2021 se reactivó la función social ciudadana de la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México para asumir la encomienda de impulsar la resignificación de nuestros espacios urbanos, espejo de la memoria colectiva del pasado y el presente.

Así, la glorieta de Colón hoy es la glorieta de Amajac, la glorieta de Colón ya no es la que honra a alguien que a la luz de la historiografía contemporánea ha quedado claro fungió un papel que fue más el de esclavista y genocida que el de un componente del que nos debamos sentir orgullosos en nuestra cultura y en nuestra identidad contemporánea. Ahí está ahora el nombre de una mujer indígena.

La calle Puente de Alvarado, que honraba a Pedro de Alvarado, sanguinario conquistador español, destacado por sus crímenes que hoy serían calificados como de lesa humanidad, ya no se llama Puente de Alvarado hoy se llama México Tenochtitlan; la plaza del Árbol de la Noche Triste hoy se llama plaza del Árbol de la Noche Victoriosa; las calles que se llamaban Gustavo Díaz Ordaz o Antonio López de Santa Anna hoy comienzan a llamarse Elena Garro o Benita Galeana.

Y desde ayer la colonia antes llamada Nueva Díaz Ordaz ha pasado a llamarse “Colonia Estudiantes de 1968”. Con ello honramos la memoria de los precursores de nuestras libertades democráticas, con ello honramos la memoria de quienes trabajaron y dieron su vida por tener una sociedad de libertades y democráticas, esfuerzo en el que por cierto estuvieron en su momento jóvenes de Acción Nacional, Manuel Gómez Morín. Nos hubiera gustado verlos aplaudir la decisión, compañeros diputados de Acción Nacional, es algo de lo que también hay que sentirse orgullosos, la lucha de 1968.

En la presente administración nuevos programas y planes fueron desarrollados con apego a la visión de una ciudad que necesita reorganizar su territorio para resolver sus necesidades con responsabilidad y sostenibilidad.

Ejemplos de ello son el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Atlampa” y el Programa Parcial “Lomas de Chapultepec”, diseñados con el objetivo de integrar las dinámicas urbanas de la Ciudad de México y posibilitar usos mixtos que garanticen el derecho a la vivienda, el comercio barrial, el espacio público y el patrimonio cultural urbano.

Publicamos también el Plan Maestro Zona Rosa en la alcaldía Cuauhtémoc, con la finalidad de fomentar el desarrollo en el área a través de diferentes estrategias y líneas de acción con los objetivos del repoblamiento incluyente, la recuperación y preservación del Patrimonio Cultural Urbano; la regeneración de la Imagen Urbana y del Espacio Público, la reactivación económica, la diversificación de posibilidades de Uso del Suelo y la modernización de Infraestructura de Equipamientos y Servicios Públicos.

Como ya se ha mencionado aquí, durante la presente administración se aprobó la nueva Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, cuyo objeto ha sido ordenar la imagen urbana, reforzar la seguridad de los inmuebles y el patrimonio de las familias, así como garantizar el derecho a un paisaje urbano armónico y libre de saturación y contaminación visual.

Dicha Ley fue combatida mediante 134 juicios de amparo, promovidos por las empresas de publicidad que trabajaban en la ilegalidad y por algunas alcaldías de oposición; en estos procesos judiciales hemos obtenido sentencias favorables a la autoridad de la ciudad en prácticamente la totalidad de los casos. Con ello se logró que al final las empresas de la publicidad exterior cumplieran con la exacta aplicación en general de la Ley de Publicidad Exterior.

Adicionalmente, a partir de la entrada en vigor de la citada Ley, se presentaron 68 denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en términos de los delitos previstos en la propia ley.

Gracias a esta nueva ley se logró el retiro de la totalidad de los medios publicitarios instalados en las azoteas de la ciudad: mil 298 anuncios que estaban en las azoteas lo cual significó la remoción de más de 120 mil metros cuadrados de lámina y materiales que obstruían el paisaje urbano y que representaban más de 7 mil toneladas de estructuras metálicas, peso adicionado y no calculado a los edificios de nuestra ciudad.

Cabe destacar que el 90% de estos anuncios espectaculares fueron retirados voluntariamente por sus dueños, lo que implicó un ahorro de 268 millones de pesos para el gobierno capitalino y una garantía de seguridad y protección civil para decenas de miles de familias que tenían en las azoteas un grave riesgo para su integridad.

Como parte de esta nueva política hoy existe la Plataforma Digital de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, la cual es una herramienta que permite contar con una base de datos pública relativa a las Licencias, Permisos, Autorizaciones que se emiten en materia de publicidad exterior.

El Catálogo Oficial de anuncios autorizados incluye datos de ubicación de los mismos; opiniones técnicas emitidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil o por las unidades homóloga de las alcaldías, así como también incluye el Registro de Publicistas, que es la relación de empresas publicitarias que trabajan en el estricto marco de la ley.

Falta mucho por avanzar en el ordenamiento de la publicidad exterior, falta avanzar en la regularización de algunas modalidades, como las de las vallas publicitarias; falta hacer valer lo que la ley indica en materia de mobiliario urbano con publicidad integrada para que se cumplan criterios que no existían en términos de distribución, distancia, equidad en el territorio y un beneficio obligado para el espacio público; así como también para otros servicios que presta la ciudad.

La nueva Ley de Publicidad Exterior es una de las leyes más completas, más efectivas, que más han resultado eficaces en su aplicación; es una ley con dientes, como a veces se dice.

Es una ley que ya incluye definiciones en el Código Fiscal de la Ciudad de México, es una ley que ya implica pago de licencias, y es una ley que al principio de su aplicación, un proceso que está iniciando, implicará la recaudación de cientos de millones de pesos que, en efecto, por las medidas que se tomaron casi al final, la segunda mitad de la pasada administración, implicaron que se dejaran de pagar licencias, que se dejaran de emitir licencias, a partir de un padrón oficial de anuncios que tenía una pequeña cláusula, de esas que aparecen ahí escondidas en la caja de fusibles con cinta aislante que decía: mientras no termine el ordenamiento SEDUVI no podrá emitir licencias.

Lo cual significó que ese padrón oficial de anuncios implicara el sostenimiento de un desorden que llevó a un colapso general en el ordenamiento de la publicidad exterior.

Esta situación ha terminado, hay que seguir trabajando; es un proceso que debe madurar y que seguramente resultará en algo bueno para la ciudad.

En marzo de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la creación de la Comisión de Impacto Único, en la cual esta Secretaría, como organismo rector, así como las secretarías del Medio Ambiente, de Movilidad, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y las alcaldías, intervienen en el proceso de evaluación de los impactos urbanos y ambientales de los proyectos inmobiliarios, lo cual simplifica y fortalece la evaluación de todos los proyectos de alto impacto urbano.

Los proyectos a los que se refería, estimada diputada, han debido pasar por esta Comisión de Impacto Único, si no han pasado es que no existen, o no se han presentado, o están en una fase todavía inicial de desarrollo. Si han sido autorizados por alguna de las instancias del Gobierno de la Ciudad correspondiente, e incluso por la alcaldía, es que han pasado por esta Comisión de Impacto Único, lo cual ha sido informado puntualmente en el informe que se entrega con todas las cifras y estadísticas.

A julio de 2024 se realizaron 188 sesiones en las que se recibieron a un total de 198 representantes de desarrolladoras inmobiliarias con trámites vinculados al Dictamen de Impacto Urbano y al seguimiento de las Medidas de Integración Urbana.

Ahí se recibieron 119 propuestas de Estudio de Impacto Urbano y Manifestación de Impacto Ambiental, de las cuales se emitieron 81 en sentido positivo, 10 en sentido negativo, mientras que 28 se encuentran en evaluación. La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal contiene diversos instrumentos jurídicos para la implementación de proyectos urbanos con usos de suelo diversos para llevar a cabo proyectos de infraestructura y equipamiento públicos.

Los Polígonos de Actuación consisten en la delimitación de una superficie del suelo determinada en los Programas vigentes de Desarrollo Urbano, integrado por uno o más predios. Es una herramienta que permite la relocalización de potencial urbano existente dentro de un predio o entre predios.

Esta herramienta, por cierto, hoy satanizada, hoy con una muy mala fama ganada a pulso y con razón, en realidad es una herramienta que se creó para favorecer lo que a la ciudad fuera útil, para favorecer la vivienda social, para favorecer la mejora de la infraestructura, para favorecer la creación de equipamientos y servicios públicos.

En esta administración se han autorizado 115 solicitudes.

Y también en esta administración hemos entendido a los Polígonos de Actuación como instrumentos para la ejecución de lo establecido en el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para la relocalización de potenciales constructivos y de posibilidades de uso del suelo.

Nunca más los polígonos de actuación en esta administración han sido utilizados como instrumentos que hayan beneficiado o que sirvan para beneficiar únicamente a la ganancia privada o la especulación.

Quiero decir algo. Lo que la doctora Sheinbaum al inicio de su administración fue la revisión de los polígonos de actuación emitidos durante la administración anterior.

Fue así que, a fin de detener los casos comprobados de corrupción que con la emisión de estos polígonos de actuación estaban en curso, se analizaron 174 polígonos emitidos sobre todo entre 2017 y 2018. Esto derivó en que se iniciaran procedimientos de revocación y juicios de lesividad por violaciones graves observadas en 48 de esos polígonos.

Esta medida planteada como temporal debió ser revisada a la luz de la reactivación económica durante la pandemia en un marco de estricto apego a derecho y con una estricta revisión por parte de todos los órganos fiscalizadores que tienen atribuciones en la materia.

Ahí se recibieron 119 propuestas de Estudio de Impacto Urbano y Manifestación de Impacto Ambiental, de las cuales se emitieron 81 en sentido positivo, 10 en sentido negativo, mientras que 28 se encuentran en evaluación.

La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal contiene diversos instrumentos jurídicos para la implementación de proyectos urbanos con usos de suelo diversos para llevar a cabo proyectos de infraestructura y equipamiento públicos.

Los Polígonos de Actuación consisten en la delimitación de una superficie del suelo determinada en los Programas vigentes de Desarrollo Urbano, integrado por uno o más predios. Es una herramienta que permite la relocalización de potencial urbano existente dentro de un predio o entre predios.

Esta herramienta, por cierto, hoy satanizada, hoy con una muy mala fama ganada a pulso y con razón, en realidad es una herramienta que se creó para favorecer lo que a la ciudad fuera útil, para favorecer la vivienda social, para favorecer la mejora de la infraestructura, para favorecer la creación de equipamientos y servicios públicos.

En esta administración se han autorizado 115 solicitudes.

Y también en esta administración hemos entendido a los Polígonos de Actuación como instrumentos para la ejecución de lo establecido en el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para la relocalización de potenciales constructivos y de posibilidades de uso del suelo.

Nunca más los polígonos de actuación en esta administración han sido utilizados como instrumentos que hayan beneficiado o que sirvan para beneficiar únicamente a la ganancia privada o la especulación.

Quiero decir algo. Lo que la doctora Sheinbaum al inicio de su administración fue la revisión de los polígonos de actuación emitidos durante la administración anterior. Fue así que, a fin de detener los casos comprobados de corrupción que con la emisión de estos polígonos de actuación estaban en curso, se analizaron 174 polígonos emitidos sobre todo entre 2017 y 2018. Esto derivó en que se iniciaran procedimientos de revocación y juicios de lesividad por violaciones graves observadas en 48 de esos polígonos.

Esta medida planteada como temporal debió ser revisada a la luz de la reactivación económica durante la pandemia en un marco de estricto apego a derecho y con una estricta revisión por parte de todos los órganos fiscalizadores que tienen atribuciones en la materia.

Con los recursos del SAC TACUBAYA se logró saldar la deuda histórica de la otrora llamada “Ciudad Perdida”, en la alcaldía Miguel Hidalgo, ahora denominada Ciudad del Bienestar. Se construyeron y entregaron 185 viviendas de 51 metros cuadrados, sustituyendo a las casas que no contaban con una construcción segura, ni con certidumbre jurídica alguna. Sin duda, esto es un ejemplo de cómo los instrumentos del desarrollo urbano pueden ponerse al servicio de la gente.

Otro instrumento relevante presente en la legislación urbanística de la ciudad es la del Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano que existe desde hace ya varias décadas en nuestra ciudad; un instrumento que permite el incremento de metros cuadrados, a partir de la adquisición o el pago de derechos al fideicomiso correspondiente, el cual tiene los derechos sobre el potencial constructivo del Centro Histórico; una herramienta que existe desde los años 90, antes incluso de la administración democrática.

Hemos procurado que el Sistema de Transferencia de Potencialidad se aplique con rigor, con transparencia; informando al público de cuáles son los proyectos que se financian, los cuales solamente pueden desarrollarse en Áreas de Conservación Patrimonial, en beneficio de la conservación del patrimonio cultural y acciones que vayan en ese sentido.

Como una demanda de las y los pobladores de colonias, barrios y pueblos originarios se emitieron en el mes de agosto dos Decretos, uno del Jefe de Gobierno y otro por parte de SEDUVI, los cuales establecen acciones de protección del paisaje urbano histórico y el tejido social de 135 de las 174 Áreas de Conservación Patrimonial, son las Áreas de Conservación Patrimonial que corresponden al territorio de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, los pueblos y los barrios fundacionales.

En estas 135 Áreas de Conservación Patrimonial se ha suspendido la aplicación de distintas normas generales de ordenación urbana, de vialidad y otras, que agregan a los inmuebles la posibilidad de pisos adicionales.

También se ha suspendido la dictaminación de Polígonos de Actuación en estos territorios, así como la propia Transferencia de Potencialidad del Desarrollo Urbano.

Esto, lo digo con claridad, se hace como un reconocimiento al derecho que tienen los pueblos y los barrios originarios de la ciudad, los cuales tienen una trama urbana, una dinámica vecinal, una dinámica cultural que resulta vulnerada cuando el desarrollo inmobiliario avanza sin criterios, sin equilibrio, lo cual ocurrió particularmente en el pueblo de Xoco.

Esto es relevante y ha sido una medida que se ha venido implementando, y que ha llevado a que tengamos de nuevo una relación armónica, de diálogo con los pueblos y los barrios originarios en lo que se refiere al desarrollo inmobiliario.

Con 20 mil metros cuadrados de construcción hemos iniciado la rehabilitación de este inmueble que tiene el área ya referida, el inmueble denominado “El Parián”, en el centro de Coyoacán; un antiguo edificio que fue centro comercial, después fue un banco, luego fue adquirido para ser las oficinas de la delegación Coyoacán, siempre teniendo la oposición de los vecinos.

Ahí se plantearon distintos usos administrativos a lo largo del tiempo y sin embargo no se tomaba en cuenta la opinión de los vecinos.

Finalmente, se les escuchó y el planteamiento de que “El Parián” se convierta en un centro cultural y comunitario gratuito ha sido atendido.

Se han destinado 50 millones de pesos del Fideicomiso del Sistema de Transferencia de Potencialidades del Desarrollo Urbano para su total rehabilitación.

Ya funciona ahí un PILARES y es muy posible que ahí, a partir de lo que la comunidad del Barrio de San Lucas y del Centro Histórico de Coyoacán han planteado, en la próxima administración exista una UTOPÍA o un espacio cultural, educativo, comunitario dedicado a la gente.

En total, durante la presente administración el Fideicomiso de Transferencia de Potencialidades destinó 150 millones de pesos para el remozamiento de inmuebles, la realización de importantes acciones de restauración del patrimonio monumental de la capital, al mejoramiento del espacio público y a la redignificación, la mejora infraestructural de las áreas de conservación patrimonial.

El principal instrumento para normar los Programas de Desarrollo Urbano, aprobados por este Congreso, es el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo.

Hemos expedido en esta administración desde la SEDUVI 462 mil 413 certificados haciendo que su emisión se haga más expedita de forma digital en muchos casos, o también de manera física.

Hemos mejorado la velocidad con que los Certificados se emiten; hemos erradicado la corrupción en su emisión; hemos combatido el mal uso de los mismos, incluyendo precisiones e incluso leyendas que propicien su uso como permisos de construcción o cualquier otro uso que no sea el de exclusivamente acreditar el uso de suelo determinado por las disposiciones legales aprobadas en este Congreso.

Esto lo digo porque en algunos debates públicos se ha dicho que un Certificado de Uso del Suelo funge prácticamente como una licencia de construcción y eso no es así, como lo señalan la Ley Orgánica de las Alcaldías, la Constitución, el Reglamento de Construcción.

Así como hicimos eficiente y blindamos la emisión de dictámenes en materias como modificación de láminas de alineamiento y derechos de vía, constancias de números de lote y manzana, aclaración de nomenclatura, límites de colonias o alcaldías, hasta llegar a un total de 35 mil dictámenes.

Hemos también blindado y transparentado trámites como el de derechos adquiridos, un trámite complejo y largo, o la estricta aplicación a través de SERVIMET, saludo al director general de SERVIMET que está aquí presente, y del INVI de las posibilidades que otorga la Norma 26 del ordenamiento urbano, garantizando que la Norma 26 solamente se aplique en los términos definidos en la ley.

Después de su suspensión en términos de la posibilidad de aplicarla automáticamente por parte de los privados para que ahora solamente se aplique a proyectos de vivienda social y asequible.

En este periodo se modificó el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano en apoyo a familias que cuentan con comercios barriales a través de la emisión de Certificados de Uso de Suelo por Reconocimiento de Actividad (CUSRA) para locales con menos de 200 metros cuadrados.

Desde la implementación de este trámite, se han dictaminado de forma positiva 4 mil 235 certificados de esta naturaleza, siendo un importante apoyo para fortalecer la seguridad jurídica de escuelas y pequeños comercios, contribuyendo a la seguridad económica y empleo de miles de familias.

Quiero mencionar. Ha sido materia de debates en la opinión pública que algunos certificados de este tipo se han mal utilizado, sin embargo, en un estrecho diálogo con las alcaldías, incluyendo las de oposición, con las asociaciones vecinales, hemos procurado que alrededor, de poco más de 50 casos en los que los particulares violaron el principio de buena fe, los certificados al final sean revocados; es decir, quien en algún momento dijo: yo siempre tuve aquí una lonchería, en realidad no había tenido nada y final resultó ser un bar, una chelería, eso se ha echado atrás, se ha revocado y se han seguido los procedimientos necesarios.

Con el INVEA y con la PAOT hemos mantenido una estrecha vinculación para ejecutar coordinadamente diversas acciones que garanticen el cumplimiento de la legislación en materia de ordenamiento territorial, principalmente en lo que respecta a la publicidad exterior, patrimonio cultural y uso de suelo.

Debo señalar aquí con toda claridad y franqueza, en muchas ocasiones procedimientos iniciados desde SEDUVI, solicitándose a PAOT y al INVEA su intervención después resultan en obras o suspensiones que continúan, en sellos que se violan.

Y creo que aquí es muy importante hacer un llamado a las alcaldías y a los jueces, a las autoridades judiciales porque la cantidad de ocasiones en que algún tipo de actuación por parte de las alcaldías, sobre todo en la ciudad central donde ese concentra todo el desarrollo de la ciudad o las suspensiones temporales de algunos jueces, hacen que ahí donde se intervino para detener una obra irregular, los sellos se vulneren, continúen las obras y se burle al final a la autoridad, a la voluntad vecinal, al consenso, en términos de tener un desarrollo urbano ordenado y con apego a derecho.

Me refiero, para ir concluyendo, a las Medidas de Integración Urbana que aplicamos en este año, ya se mencionó aquí un caso emblemático, entrañable, el haber logrado que los libreros de libros antiguos, usados en La Ciudadela hoy tengan 38 nuevos muebles de un diseño supervisado por la UNAM para su uso en el espacio público.

A partir del ejercicio responsable de las atribuciones de SEDUVI en materia de Medidas de Integración, de mitigación, donaciones reglamentarias hemos logrado obras como la construcción de la infraestructura hidráulica de la unidad habitacional en La Montada, desarrollamos decenas de intervenciones de mejora en el espacio público y se ha proyectado la rehabilitación de diversos mercados públicos.

Así como se han llevado a cabo obras, un ejemplo importante es que por primera vez desde 1968 se llevó a cabo una rehabilitación, un remozamiento integral de la pista de Remo y Canotaje de Cuemanco, Xochimilco y en el Deportivo Rosario Iglesias.

En efecto diputada, hay ocasiones en que las medidas de integración, las donaciones reglamentarias que resultan de desarrollos inmobiliarios de un impacto importante en Polanco, se decide, generalmente conversándolo con todos los actores involucrados, invertirlas en el espacio público de Tláhuac, por ejemplo.

Y esto tiene que ver con que estamos apostando por una ciudad donde se procure la equidad, el equilibrio en lo que resulta por el pago de derechos del desarrollo urbano en lo que la norma establece. Y esto es algo que está completamente en el marco de la Ley, y además creemos que es correcto que se haga. No se vulneran los derechos de nadie, es transparente, se informa, se acuerda como corresponde.

Entre 2018 y 2024, en temas del patrimonio cultural urbano, se atendieron más de 15 mil trámites solicitados a SEDUVI, obras mayores de restauración, obras menores, opiniones técnicas.

Hay que señalar que todas se atendieron con absoluto cuidado, con apego a la norma, destacando que la Ciudad de México cuenta con 176 áreas de conservación patrimonial, dentro de las cuales hay más de 169 mil inmuebles, propiedades, 15 mil de las cuales, 15 mil 841 de las cuales son inmuebles afectos al patrimonio cultural, están catalogadas por INBAL, son monumentos históricos, están catalogadas por la ciudad en función de la Ley local.

Es un trabajo muy importante, en el que para empezar, debo decirlo, se ha terminado la complicidad de la autoridad central de la Ciudad, que se dio antes, que permitió destrucciones, demoliciones, afectaciones al patrimonio cultural de la ciudad en aras de favorecer al desarrollo inmobiliario.

Esta idea del patrimonio cultural como un estorbo, esta idea de que está solamente catalogada la fachada, lo demás lo puedes demoler, eso no existe. Hay inmuebles catalogados afectos al patrimonio cultural, y hay que procurar que el patrimonio cultural pueda integrarse de manera armónica con el desarrollo urbano contemporáneo, con la arquitectura contemporánea de calidad, en función de lo que la ciudad necesita.

Y destaco aquí que hemos establecido, algo que tampoco ocurría antes, una mesa permanente de dictaminación conjunta con el INAH y con el INBAL, 283 veces ha sesionado esta comisión de dictaminación conjunta, acabando con un viejo problema. El gobierno de la ciudad y el gobierno federal, cuando venían de fuerzas políticas distintas, tenían buenas relaciones, pero no se coordinaban, no compartían información y esto resultaba en destrucciones dolorosísimas del patrimonio cultural. Esto ha terminado.

Hay una absoluta coordinación. Y lo mismo, un llamado a las alcaldías, un llamado a los jueces, a que cuando ponemos sellos para suspender una obra irregular, no se lleven a cabo acciones que permitan que al final se acometa la demolición de una obra con valor patrimonial.

Se han fortalecido todas las bases de datos, todos los sistemas de información geográfica, todas las herramientas digitales que están a cargo de la SEDUVI, para que sea posible que la ciudadanía acceda, los especialistas, los desarrolladores, los promotores del desarrollo urbano, de una manera eficaz y transparente, que como nunca se había dado, a la información necesaria para procurar un desarrollo urbano bien informado.

En muchas ocasiones, conflictos que tienen que ver con uno u otro proyecto tienen que ver con la desinformación, con que la gente no sabe con claridad qué es posible construir ahí, o que un desarrollador no lo informe con claridad, o con que la publicitación vecinal a veces resulta en una simulación.

Todo esto lo hemos venido abatiendo a partir de fortalecer los mecanismos de información pública. Quiero señalar que son un conjunto importantísimo de acciones las que han sido impulsadas por SEDUVI a partir del cobro eficaz, el hacer valer de manera responsable todo lo que corresponde a medidas de mitigación, de integración, a donaciones reglamentarias.

No me voy a detener en todo lo que ha sido posible poner en valor a partir del ejercicio responsable de estos recursos, pero va desde la restauración del Ángel de Independencia, tras los daños que sufrió por el sismo, la colocación de elementos renovados en el espacio público, la restauración de cada escultura, cada monumento, cada elemento artístico con valor para la gente que resulta dañado, que tiene problemas de mantenimiento.

Acabamos de terminar de restaurar todas las estatuas de los héroes liberales en el Paseo de la Reforma. En unos días más anunciaremos el fin de la restauración de un importantísimo mural de Gilberto Aceves Navarro que fue dañado.

Hemos restaurado una y otra vez el Foro Lindbergh. En fin, es un conjunto de acciones muy importantes, incluyendo aquellas de que ha llevado a cabo el Fideicomiso Centro Histórico y la Autoridad del Centro Histórico, atendiendo las recomendaciones de la UNESCO y el plan de manejo del sitio.

Voy ahora sí encaminándome al final de la exposición, disculpen la extensión, señalando que en esta administración se recuperaron, se regeneraron, se ampliaron, como nunca en un nivel histórico, los espacios públicos de nuestra ciudad.

A partir del programa Sembrando Parques, con el acompañamiento de SEDUVI, una obra que estuvo sobre todo a cargo de la Secretaría de Obras y del Medio Ambiente, 4,116,000 m2 de espacio público. No hay un precedente similar y es algo que es reflejo de la ciudad de innovación y de derechos que hemos buscado construir. La dictaminación por parte de SEDUVI en materia de espacio público, la aplicación correcta de la norma ha sido una constante.

Hemos acompañado, nos hemos hecho cargo de nuestras responsabilidades constitucionales y legales en materia de reserva territorial, acompañando a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, al INVI, a todas las áreas de la ciudad, en el tener una reserva territorial puesta al día, que pueda crecer, que pueda estar sistematizada y que pueda, a fin de cuentas, utilizarse a favor de lo que la ciudad requiere.

Quiero resaltar que, derivado de la instalación de la mesa de atención a posibles víctimas de la corrupción inmobiliaria, como es sabido por la opinión pública, se tuvo como resultado el descubrimiento de un cuadro de corrupción conocido por todas y todos ustedes en una alcaldía de la Ciudad de México, la alcaldía de Benito Juárez.

Esto se compuso de un complejo entramado de corrupción que involucró, desgraciadamente, a funcionarios públicos, a desarrolladores inmobiliarios, que permitieron la construcción de pisos adicionales de manera ilegal.

Ahí donde la alcaldía tiene la facultad, todas las alcaldías tienen la facultad de autorizar que se construyan tres niveles, según la zonificación del uso del suelo, se construían ocho, sin que hubiera dictamen alguno por parte del gobierno central, violentando lo que el certificado de uso del suelo establece como uso del suelo posible.

Dado lo anterior, después de una exhaustiva investigación, predio por predio, lo cual, hay que decirlo, no solamente se ha llevado a cabo en esa alcaldía, también en otras, pero aquí resultó, en un entramado muy localizado, en un modus operandi, fueron presentadas por parte de la SEDUVI 130 denuncias penales en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el mismo número de denuncias ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Estas últimas, exclusivamente relacionadas con los funcionarios públicos que eran partícipes en dichos actos.

Lo anterior derivó en la atención a las víctimas, quienes cooperaron de buena fe y que habían adquirido departamentos en alguno de esos 130 edificios. Los vecinos de 24 inmuebles que mostraron interés para tener la certeza jurídica de su propiedad fueron atendidos en colaboración con el Instituto de Seguridad para las Construcciones y se realizó la revisión estructural de los inmuebles.

A la fecha, únicamente 5 inmuebles han gestionado la constancia de seguridad estructural, documento que les garantice el buen estado de las estructuras del inmueble y está actualmente en proceso la constitución de polígonos de actuación. Para esto sirven los polígonos de actuación en algunas ocasiones que permitan, al final, regularizar en favor de las víctimas aquello que se construyó ilegalmente y que no implica ningún riesgo en materia estructural.

Esto, al final, resultará en que puedan recibir un certificado de uso del suelo correspondiente con el número de niveles permitidos a partir de la aplicación de la herramienta urbanística que he referido. Como parte de las medidas de freno a las prácticas de corrupción en el sector inmobiliario, se aprobó en el Congreso la modificación propuesta por el Jefe de Gobierno al Código Penal de la Ciudad para tipificar el delito de corrupción inmobiliaria.

Así, la capital del país se pone la cabeza en la tarea de erradicar acciones que solamente contribuyen a la descomposición urbana, administrativa y social a partir del ejercicio indebido de funciones y atribuciones por parte de servidores públicos que no hacen su tarea y solamente ven en el servicio público una manera de beneficiarse en lo individual. Violentando la norma, atropellando los derechos de las personas y haciendo daño a la urbe, a su equilibrio territorial y abonando en muchos otros fenómenos que no son buenos para nuestra ciudad.

Insisto en ello, la corrupción cuesta, la corrupción encarece el suelo, la corrupción encarece la vivienda, la corrupción agrava los problemas que tenemos en materia hídrica en algún momento calculamos que los pisos adicionales construidos en el caso que acabo de mencionar, conocido como cártel inmobiliario, el consumo de agua excedente era de medio millón de litros al mes, algo que por supuesto no abonó en un momento difícil en materia hídrica.

Las penas por corrupción inmobiliaria van de 10 a 20 años de prisión con agravantes importantes cuando se den determinadas situaciones. Así se refuerza el compromiso de la administración en la erradicación de la corrupción y se garantiza, se abona, se da un paso muy importante hacia la garantía a la ciudadanía de tener un gobierno honesto y transparente siempre cercano a las y los capitalinos.

En materia de transparencia y rendición de cuentas debo decir que SEDUVI ha atendido 17 mil 221 solicitudes de acceso a la información de acuerdo con los datos del Instituto de Transparencia y debo señalar que hemos contado con el reconocimiento de cumplimiento de 100% en capacitación, en precisión, en puntualidad en la mayoría de los rubros que son calificados.

Hemos transitado, ya lo adelantaba hace un momento, a un gobierno digital en materia de desarrollo urbano. Así tenemos hoy las ventanillas única y digital para la construcción. Todos los procesos relacionados con la Comisión de Impacto Único también se desarrollan a través de mecanismos cada vez más compuestos por herramientas digitales.

Voy terminando hablando en materia de vivienda, un tema que ha sido relevante para todas y todos ustedes, señalando en términos generales, ya está incluido el detalle en el informe, durante la actual administración el Instituto de Vivienda acometió en lo general, en términos gruesos, más de 120 mil acciones de vivienda. 20 mil de esas acciones representan la construcción de vivienda nueva. A ello tenemos que agregar las más de 20 mil viviendas que ha construido o rehabilitado la Comisión para la Reconstrucción.

Tenemos entonces más de 140 mil acciones de vivienda logradas en la presente administración. Es un esfuerzo histórico, también tomando en cuenta que el presupuesto destinado a la vivienda social, el que se destinó a la reconstrucción, representa montos históricos. Hoy el INVI tiene el presupuesto nominal más alto de su historia, solamente del año pasado al presente aumentó su presupuesto de 3 mil 700 millones de pesos a 4 mil 700 millones de pesos.

A la reconstrucción se habrán destinado al final, tomando en cuenta ámbitos como, no solamente la producción de viviendas, sino también la infraestructura, se habrán destinado en total 17 mil millones de pesos. Estamos entonces hablando de que más de 40 mil millones de pesos, tomando en cuenta los 22 mil millones de pesos que se invirtieron a través del INVI en promedio, los 17 mil de la reconstrucción, al final resulta en más de 40 mil millones de pesos destinados a la importantísima tarea de la garantía de la vivienda como derecho humano, la vivienda adecuada y asequible, ya no vista como un negocio, ya no vista como una mercancía, sino como una tarea común.

Concluyo con algunos anuncios y algunas menciones importantes. El día de ayer por la tarde se publicó en la Gaceta Bis del Gobierno de la Ciudad de México, una determinación que hemos tomado con responsabilidad, que es la de retirar las poligonales de la Colonia Escandón y de la Colonia San Miguel Chapultepec de la poligonal integral del Sistema de Actuación por Cooperación Tacubaya. Atendemos así un planteamiento que han hecho las y los vecinos que señalan que se han acelerado algunos fenómenos de gentrificación en estas colonias.

Atendemos así, de manera coincidente, planteamientos en los que hemos coincidido. Hemos estado de acuerdo tanto las autoridades del gobierno central que nos hemos hecho cargo de aplicar un instrumento que data de tiempo atrás, para concentrarnos en zonas que son más relevantes y no abonar en fenómenos que generan tensión vecinal. Incluso la alcaldía Miguel Hidalgo ha planteado que esto era importante y hemos estado al final de acuerdo.

También quiero señalar para terminar, es muy importante que ahora que se habla de gentrificación con toda claridad en los debates públicos, asumamos algo. Primero, la gentrificación no es inevitable como se ha querido imponer en términos de una idea que es inherente al desarrollo de las grandes ciudades. La gentrificación no es buena tampoco, ni en pequeñas dosis, para que se mejore un barrio, para que mejore la calidad de vida.

La gentrificación no hace bien a las ciudades. La gentrificación sí es evitable y debemos unir fuerzas para evitarla, para evitar que avance. La gentrificación entendida como ese proceso de mejoramiento relativo en lo urbano, que al final resulta que salen del lugar en el que han vivido durante muchos años los habitantes originarios para que lleguen habitantes de más recursos solo ha traído exclusión, expulsión de habitantes.

Hay que trabajar juntos para que la gentrificación sea claramente frenada en la Ciudad de México y en cambio tengamos un avance sustancial en la garantía del derecho a la Ciudad, el derecho a la vivienda. Así, con todo lo que he informado el día de hoy, hemos continuado con la política urbanística emprendida por la Dra. Claudia Sheinbaum, cuando fue Jefa de Gobierno, hoy nuestra Presidenta Electa, continuada por el Dr. Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hemos emprendido nuevas iniciativas en este último periodo.

Ya se habló de la iniciativa que fue aprobada en este Congreso para incluir la obligación de la Ciudad en la producción de vivienda pública para arrendamiento, un modelo que abreva de modelos de política pública que se implementan hace muchos años en algunas ciudades. Es la política de vivienda social en ciudades como París, como Viena, lo comienza a hacer en São Paulo, y esto significa que, por ejemplo, en París, el 25% de la vivienda es de propiedad pública y se renta a las personas que trabajan en la Ciudad de París, comenzando por las de menos ingresos. Hemos reformado también el Código Civil de la Ciudad de México para establecer un límite al aumento anual de las rentas frente a un fenómeno de crecimiento desmedido de los costos de la renta.

Antes era del 10%, había aumentado, de hecho, en mayor medida en algunas zonas de la ciudad, donde se registraron aumentos del 100%, del 200%. Hoy, el aumento anual autorizado por el Código Civil es de 5%, lo cual se irá regulando. Este es un primer paso de una política pública que debe ser más amplia.

Se establece la existencia de un registro digital de contratos para dar certidumbre a arrendadores y arrendatarios y también se han dado pasos muy importantes que poco a poco abonan en consolidar una idea, que es la que tiene que ver con el desarrollo urbano, la política de vivienda, la política pública en materia de ordenamiento territorial, la tarea de hacer ciudad esté determinada por el interés de la gente, por el estricto apego a la legalidad y que, como ha señalado la Jefa de Gobierno Electa, Clara Brugada, resulte en que en la próxima administración hagamos del derecho humano al hábitat una realidad que se consolide.

Dejamos en manos, no hay mejores manos posibles que las de nuestro compañero Alejandro Encinas, la continuación de las tareas relativas al ordenamiento territorial, a la aplicación de la norma urbanística. Sabemos que esto se llevará a cabo con toda responsabilidad.

Tenemos por delante el reto de llevar a cabo, en efecto, 200 mil acciones de vivienda, la mayor parte de las cuales deberán ser viviendas nuevas y rehabilitadas para abatir ese déficit que se señalaba, si no me equivoco, el Diputado Royfid Torres, acumulado de 800 mil viviendas necesarias en la Ciudad de México, acumuladas durante los últimos años en que hizo daño a la ciudad la imposición de un modelo económico, hay que decirlo con todas sus letras, el modelo económico neoliberal que afectó la política urbanística y que detuvo todo aquello en lo que se debió avanzar a un mejor ritmo en materia de procuración del derecho a la vivienda.

Agradezco a los integrantes de las comisiones ante las cuales comparezco el día de hoy. Agradezco el apoyo que hemos recibido para la aprobación de distintas iniciativas legislativas.

Agradecemos a las y los vecinos de la Ciudad de México con los cuales hemos dialogado y construido acuerdos. Agradecemos a las organizaciones de la sociedad que trabajan por el derecho a la ciudad. Agradecemos también a los representantes del desarrollo inmobiliario responsable a la iniciativa privada comprometida con su ciudad.

Agradecemos a la opinión pública. Agradezco a mis compañeros del gabinete, al Jefe de Gobierno, Martí Batres, de nuevo a la Dra. Claudia Sheinbaum por habernos dado la oportunidad de trabajar para la ciudad. Agradezco de todo corazón a mi familia por también ser parte de este esfuerzo en muchos sentidos como les pasa seguramente a todos ustedes que son servidores públicos.

Y termino con una cita de un poema bellísimo de Octavio Paz. Hablo de la ciudad, se llama ese poema.

La ciudad enorme, esta ciudad de la que hemos hablado hoy es una ciudad que cabe en un cuarto de tres metros cuadrados inacabable como una galaxia.

Es la ciudad que nos sueña a todos y que todos hacemos y deshacemos y rehacemos mientras soñamos. La ciudad que todos soñamos y que cambia sin ser, sin cesar mientras la soñamos.

Sigamos trabajando por esa ciudad que soñamos todos los días.

Muchas gracias.

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